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SANTO DOMINGO.
¡Cógelo, Picante!... Otra vez gobierno se mete en problema con la Constitución.
Buenos días…
LLa disposición del jefe del Ministerio de la Administración
Pública, de obligar a servidores públicos a mostrar las facturas de pago de sus servicios eléctrico y de agua, viola el artículo 44, de la Constitución de la República.
Pública, de obligar a servidores públicos a mostrar las facturas de pago de sus servicios eléctrico y de agua, viola el artículo 44, de la Constitución de la República.
Le vamos a dar una orejita a Guzmán Peralta. Entre los colaboradores de ¡Cógelo, Picante! hay de todos, incluyendo políticos de este gobierno, que conocen de policías, 10 veces más que usted, y todos son profesionales, no mediocres. ¡Cuidadito!
Aunque el presidente Luis Abinader, está sordo, mudo y ciego, ¡Cógelo, Picante! le sugiere instruir al DNI investigar, con ojo de lupa, la fuga de un recluso, desde una autobús, cuando era transportado del Palacio de Justicia de Santo Domingo Este al penal de La Victoria.

Donde ese naco se equivocó fue, que nos ofreció -según su mensajero- un regalito para echar gasolina, comprar gomas e ir de paseo, un fin de semana, con los muchachos. ¡Ay, Dios! Tranquilo mi hermanos, no somos «chotas», y escucharemos bien tu audio, para ver si podemos publicarla
Ese narco, dice ser primo de uno de sus asistentes, lea bien, comandante Guzmán Peralta… Asegura, a través de su mensajero, que hay policías que quieren confabularse con otro capo de la zona, que es su rival, en esa jurisdicción.
¡Atención, Guzmán Peralta! Un narco, que se siente traicionado por policías en Santo Domingo Norte, nos hizo llegar un audio, de una conversación entre un sargento de la Policía con otro capo. Y óigase bien, ¡Cógelo, Picante! no teme a la orden impartida a varios subalternos por el director de la Policía Nacional, de que se “investigue” quién o quiénes nos están suministrando datos certeros y precisos. ¡Qué bien!
De lo contrario, si usted no pone en marcha el aparato judicial, pensaríamos que con la denuncia del robo de municiones se busca montar un “show” y “ocultar” el desastre administrativo y operativo, a lo interno de la Policía Nacional, además del escándalo de la reintegración a la Policía del coronel vinculado a «Junior Cápsula».
¡Atención, Faride Raful! Tenemos a su disposición los resultados, los expedientes completos, de las cuatro auditorías hechas, en su gobierno, a la DIGESETT, al Hospital de la Policía Nacional, a POLITUR y al IPE (Instituto Policial De Educación Superior IPES).
Pero, ministra, no lo deje ahí… Usted, en su afán por ser la candidata presidencial del PRM, en el 2028, ganaría puntos, al por mayor y al detalle, si enfrenta con dignidad, de frente, la corrupción administrativa a lo interno de la Policía Nacional.
Lo único que no nos cuadra, y eso lo saben hasta los chinos de Bonao, es que la supuesta red era dirigida por un oficial superior, que se encontraba sin funciones desde hace meses, desde antes de la ejecución de “Kiko La Quema”.
Por cierto, estamos totalmente de acuerdo con que la ministra de Interior y Policía, Faride Raful, ponga en manos del Ministerio Público, el caso del «robo» de municiones de los depósitos policiales.
Parece ser, que al presidente Abinader, en el caso del reintegro del coronel Sánchez Pérez, le metieron, una vez más, gato por liebre. ¡Qué siga confiando!
Pero, ¡atención, país! El Tribunal Constitucional, en su Sentencia TC/0256/14, dejó bien claro que la Corte Interamericana de los Derechos Humanos no tiene jurisdicción en los asuntos jurídicos de República Dominicana.
Reiteramos, quien reveló el vínculo del coronel Sánchez Pérez con el narcotraficante Figueroa Agosto fue, nada más y nada menos que Sobeida Morel Félix, la mujer que volvía loco y sin ideas al narco boricua.
Nos enteramos que hay preocupación, tanto en el Ministerio de Interior y Policía como en la Policía Nacional, porque el presidente Abinader, supuestamente, se siente engañado porque lo hicieron firmar el reintegro del coronel Adolfo Salasier Sánchez Pérez, sin comunicarle la decisión del Tribunal Constitucional.
Para nosotros, eso huele a un “show” para desviar la atención de la población ante el incremento, en las últimas horas, de la criminalidad y la delincuencia en el país.
Pero, además, busca desviar la atención sobre el escándalo que se le ha armado al presidente Luis Abinader por haber reintegrado a la Policía Nacional a un coronel vinculado al caso Figueroa Agosto.
La sociedad espera que, tanto la ministra de Interior como el director de la Policía, actúen con responsabilidad e identifiquen, con nombre y apellidos, los integrantes de la red que se dedicaba a «robar municiones» de los depósitos de la Policía para venderlas a particulares.
Es la CAASD quien debe cobrar por su servicio de agua, que por cierto, contra ese organismo llueven las quejas por su pésimo servicio, de que hay comunidades donde es más fácil encontrar una muela de gallina que una gota de agua.
Ese funcionario, Sigmund Freund, con su disposición se convierte en una especie de “soplón”, de “chota” del gobierno en perjuicio de los empleados públicos, incluyendo a guardias y a policías.






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